Recurso de protección

El recurso de protección está en el artículo 20 de la Constitución. Cualquier persona que, por un acto u omisión arbitrario o ilegal, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos constitucionales puede acudir a la Corte de Apelaciones respectiva. La Corte debe adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. ^[1]

Tres ideas explican cómo funciona. Arbitrario es lo que no tiene una razón que lo justifique. Ilegal es lo que contradice una norma. Basta con una de las dos. Y no hace falta que el daño ya se haya producido: la Constitución cubre también la amenaza, el peligro cierto de que el derecho sea afectado. ^[1]

No es un juicio ordinario. La Corte no resuelve el fondo del conflicto ni fija indemnizaciones: actúa rápido para detener la situación y deja a salvo las demás acciones ante la autoridad o los tribunales. Lo conoce la Corte de Apelaciones y, en apelación, la Corte Suprema. ^{[1] [2] [4]}

Sus reglas de tramitación (plazo, admisibilidad, informe del recurrido, orden de no innovar y apelación) no están en una ley, sino en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, de 1992 y sus modificaciones posteriores. Los autos acordados de la Corte Suprema no se publican en la Biblioteca del Congreso Nacional, así que estas reglas son las únicas de esta página que no llevan nota al pie verificable: te las damos con el nombre y el año de la norma que las fija.

• Propiedad (artículo 19 N° 24): cobros o descuentos sin respaldo, retención de fondos, corte de un servicio contratado, cambio unilateral de un contrato, cierre de accesos a un inmueble. ^{[5] [1]}
• Vida privada, honra y datos personales (N° 4): publicaciones que dañan la honra o difunden datos personales sin autorización. ^{[5] [1]}
• Igualdad ante la ley (N° 2): diferencias arbitrarias en el trato de una autoridad, una empresa o una institución. ^{[5] [1]}
• Vida e integridad física y psíquica (N° 1): actos ilegales o arbitrarios que ponen en riesgo la salud o la seguridad. ^{[5] [1]}
• No ser juzgado por comisiones especiales (N° 3, inciso quinto): sanciones o expulsiones aplicadas por clubes, asociaciones, colegios o comunidades sin el procedimiento que sus propias reglas fijan. ^{[5] [1]}
• Libertad de trabajo (N° 16) y libertad económica (N° 21): trabas ilegales para ejercer un oficio o una actividad. ^{[5] [1]}
• También la elección del sistema de salud (N° 9, inciso final), la libertad de enseñanza (N° 11), de opinión e información (N° 12), reunión (N° 13), asociación (N° 15), sindicación (N° 19), inviolabilidad del hogar y las comunicaciones (N° 5), libertad de conciencia (N° 6), no discriminación económica del Estado (N° 22), libertad para adquirir bienes (N° 23) y propiedad intelectual (N° 25). ^{[5] [1]}
• Medio ambiente (N° 8): solo contra un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. ^[1]
• Quedan fuera la libertad personal (recurso de amparo), el derecho a la educación, la salud en general y la seguridad social. ^{[1] [6]}

La Constitución ordena a la Corte actuar de inmediato, pero no fija un plazo para dictar sentencia. ^[1] La duración depende de las etapas que regula el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, de 1992 y sus modificaciones posteriores: examen de admisibilidad, informe del recurrido en un plazo breve y perentorio, agregación extraordinaria de la causa a la tabla y sentencia. Si alguna parte apela, se suma el tiempo de la Corte Suprema. ^[4]

En cuanto al costo, la ley no exige abogado para este recurso, así que el gasto principal son los honorarios si decides contratar uno. ^[3] El auto acordado permite además que la Corte condene en costas a la parte que pierde.

• Presentarlo tarde. El auto acordado fija 30 días corridos desde que se ejecuta el acto o desde que se toma conocimiento cierto de él. Un recurso extemporáneo se declara inadmisible sin entrar al fondo.
• Usarlo como si fuera un juicio. Si el conflicto exige rendir prueba sobre hechos discutidos, la vía es una demanda ante el tribunal competente. El recurso deja a salvo esas acciones, pero no las reemplaza. ^[1]
• Invocar un derecho que el artículo 20 no cubre. La educación, la salud en general o la seguridad social no están en la lista; la libertad personal se defiende con el recurso de amparo. ^{[1] [6]}
• No identificar el acto, la fecha y al responsable, ni acompañar antecedentes. La Corte resuelve con lo que se presenta y con el informe del recurrido. ^[1]
• No pedir orden de no innovar cuando el acto sigue produciendo efectos mientras se tramita el recurso.
• Apelar fuera de plazo. Según el auto acordado, la apelación ante la Corte Suprema se presenta dentro de cinco días hábiles desde la notificación de la sentencia. ^[4]