Salir de Dicom y del boletín comercial

Conviene separar dos cosas que se nombran juntas. El boletín comercial es la publicación de la Cámara de Comercio donde se registran protestos y morosidades. Dicom es la marca de una empresa de información comercial que trata esos datos y los ofrece a quien evalúa un crédito. Ninguna de las dos es un registro del Estado, y la ley no las nombra por su nombre: regula el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial. ^[2]

La ley que manda es la 19.628. Su artículo 17 fija qué se puede comunicar: obligaciones que consten en letras de cambio y pagarés protestados, cheques protestados, incumplimiento de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, organismos públicos y sociedades administradoras de créditos para compras en casas comerciales. ^[2]

Ese régimen tiene fecha de término: la Ley 21.719 lo reemplaza el 1 de diciembre de 2026. Todo lo que esta página describe es el derecho vigente hasta ese día. ^[4]

Sus artículos 18 y 19 fijan hasta cuándo. En ningún caso pueden comunicarse esos datos pasados cinco años desde que la obligación se hizo exigible, ni después de haber sido pagada o extinguida por otro modo legal. Y al pagarse, el acreedor que interviene directamente debe avisarlo dentro de los siete días hábiles siguientes al responsable del registro, para que se consigne el nuevo dato. ^{[1] [5]}

La Ley 20.575 agregó los principios que deben respetar quienes distribuyen esta información —legitimidad, finalidad, proporcionalidad, calidad de los datos, no discriminación— y puso sobre el distribuidor la carga de probar ante el juez que actuó con la debida diligencia. ^[6]

• Servicios básicos. No puede comunicarse la información relacionada con deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionan electricidad, agua, teléfono y gas. ^[2]
• Educación superior y CAE. Quedan fuera las deudas con instituciones de educación superior conforme a las leyes 18.591 y 19.287, las adquiridas con bancos o instituciones financieras conforme a la Ley 20.027, las de las líneas de financiamiento administradas por Corfo y, en general, cualquier deuda contraída para recibir un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles. ^{[2] [7]}
• Salud. No pueden comunicarse las deudas con prestadores de salud públicos o privados y empresas relacionadas, en el marco de una atención o acción de salud ambulatoria, hospitalaria o de emergencia. ^[2]
• Repactadas, renegociadas o novadas. El propio artículo 17 exceptúa de lo comunicable la información sobre obligaciones que hayan sido repactadas, renegociadas o novadas, o que estén con alguna modalidad pendiente. ^[2]
• Créditos de Indap. Se exceptúa la información relacionada con los créditos concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario a sus usuarios. ^[2]
• Autopistas concesionadas. Tampoco pueden comunicarse las deudas contraídas con concesionarios de autopistas por el uso de su infraestructura. ^[2]
• Lo que se originó durante la cesantía. Las entidades que administran bancos de datos no pueden publicar ni comunicar los protestos y morosidades que se hayan originado durante el período de cesantía del deudor. Quien está en el seguro de cesantía queda bloqueado porque la Administradora comunica sus datos al Boletín de Informaciones Comerciales; quien no lo está lo acredita con el finiquito o con el acta de comparecencia ante la Inspección del Trabajo, por tres meses renovables una vez. El bloqueo es sin costo, y no procede si ya había anotaciones en el año anterior al término de la relación laboral. ^[2]
• Deudas extinguidas en un procedimiento concursal. Extinguidos los saldos insolutos, mantener el dato publicado carece de fundamento legal y debe eliminarse. ^{[8] [9] [10]}

El camino barato es el primero. Cualquier persona puede exigir al responsable del banco de datos información sobre sus datos y, si su almacenamiento carece de fundamento legal o están caducos, su eliminación. ^[11] Si el responsable no se pronuncia dentro de dos días hábiles, o deniega por una causa distinta de la seguridad de la Nación o el interés nacional, se puede recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio del responsable que esté de turno. ^[3]

Ese procedimiento judicial tiene plazos cortos: el responsable presenta descargos dentro de quinto día hábil con sus medios de prueba, y la sentencia definitiva se dicta dentro de tercero día de vencido ese plazo, haya o no descargos. ^[3]

Cuando la deuda se paga, los plazos corren contra el acreedor: debe avisar el pago dentro de los siete días hábiles siguientes al responsable del registro que comunicó el protesto o la morosidad. El deudor puede optar por requerir directamente la modificación al banco de datos y liberar de esa obligación al acreedor que le entregue constancia suficiente del pago, decisiones que deben expresarse por escrito. Quienes tratan datos provenientes de esa fuente deben modificarlos tan pronto se les comunique el pago o dentro de los tres días siguientes, y si no les es posible, bloquearlos. ^[5]

Sobre el costo: la eliminación del dato por el transcurso de los cinco años o por pago no debería costar nada al deudor; la ley solo menciona el pago de tarifa, con cargo al deudor, cuando el acreedor pide consignar el nuevo dato y esa tarifa fuere procedente. ^[5]

• Creer que al pagar el dato desaparece solo. El acreedor tiene siete días hábiles para avisar y el tratante tres días para modificar; si nadie lo hace, hay que exigirlo. ^[5]
• Confundir prescripción de la acción con extinción de la deuda. Que haya prescrito la acción ejecutiva del pagaré no significa que la obligación se haya extinguido: la Corte Suprema rechazó una protección por esa confusión. ^{[12] [13]}
• Repactar y quedarse tranquilo. La repactación saca la deuda de lo comunicable, pero conviene pedirlo por escrito y verificar el registro. ^[2]
• Contar los cinco años desde que dejaste de pagar. El plazo corre desde que la obligación se hizo exigible, que con cláusula de aceleración puede ser una fecha muy anterior a la última cuota. ^{[1] [14]}
• No guardar el comprobante de pago. Es lo que permite liberar al acreedor de su deber de aviso y pedir tú mismo la modificación al banco de datos. ^[5]
• Ir directo al tribunal sin reclamar antes. El recurso ante el juez civil se abre cuando el responsable no se pronuncia dentro de dos días hábiles o deniega la solicitud. ^[3]

Los fallos que cruzan la Ley 19.628 con Dicom, el boletín comercial y la aclaración son casi todos de la Corte Suprema conociendo apelaciones de recurso de protección. Son tres fallos leídos, no una línea jurisprudencial, y así hay que tomarlos.

El primero ordena el razonamiento: hay que distinguir entre las causales que justifican publicar un dato y las circunstancias que permiten mantenerlo publicado, porque el legislador les da tratamiento diferenciado. ^[15] Publicar se rige por el artículo 17; mantener, por los artículos 18 y 19. En ese caso la Corte revocó y ordenó a la Cámara de Comercio eliminar del boletín las deudas discutidas.

El segundo aplica esa lógica a quien ya pasó por una liquidación concursal. La Corte sostuvo que la empresa de cobranza titular del crédito no desinformó la acreencia, incumpliendo el artículo 6 de la Ley 19.628, según el cual los datos personales deben eliminarse o cancelarse cuando su almacenamiento carece de fundamento legal o cuando han caducado. ^[10] Ordenó eliminar la deuda de los registros de morosidad.

El tercero conviene leerlo aunque incomode, porque es el que se pierde. Una persona pidió salir del registro invocando una sentencia que había acogido la excepción de prescripción de la acción cambiaria del pagaré. La Corte fue explícita: solo la prescripción de la deuda produce los efectos extintivos de los artículos 18 y 19, porque la acción ejecutiva prescrita subsiste como ordinaria conforme al inciso segundo del artículo 2515 del Código Civil. ^[12] Rechazó la protección. La lección práctica es que ganar la excepción de prescripción en el juicio ejecutivo no basta por sí sola para salir del registro: lo que saca el dato es el paso de los cinco años del artículo 18, el pago o la extinción por otro modo legal. ^{[1] [13]}